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“Abogados y organizaciones retrasan paz agraria para obtener mayores beneficios”

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“Abogados y organizaciones retrasan paz agraria para obtener mayores beneficios” (Especial)

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Falta de gobernabilidad e intereses ajenos a los de las comunidades perpetúan líos entre comunidades

CARLOS ALBERTO TORRES

El magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) en Oaxaca, Luis Modesto Ponce de León Armenta, reconoció que una de las causas que impiden que se solucionen los conflictos agrarios señalados como focos rojos es la intervención de organizaciones sociales y abogados que tratan de sacar provecho personal.

“No solo hay organizaciones, también hay abogados que lejos de ser congruentes con su profesión retrasan acuerdos en aras de ganar más, en lugar de ayudar en la conciliación muchos obstruyen la conciliación”, señaló.

De igual forma, el encargado de buscar la conciliación en los conflictos agrarios en el estado señaló que intereses de organizaciones sociales obstruyen la conciliación. Sostuvo que se ha dialogado con estos grupos para lograr acuerdos.

El servidor público señaló que solo las partes afectadas pueden señalar qué organizaciones impiden dichos acuerdos en los 12 focos rojos prioritarios de la entidad.

Estos casos, dijo, se dan también cuando las comunidades aceptan que han perdido el caso pero no se salen del predio, en un acto de desobediencia al fallo judicial otorgado.

En este sentido, aseguró que una posible solución para evitar que las organizaciones sociales traten de sacar provecho es no dar apoyos productivos a comunidades en conflicto.

Por su parte el ex subsecretario General de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, sostuvo que ésta no es una práctica de esta administración, pues en los cuatro gobiernos estatales anteriores se presentaron problemas similares. Recordó que en su último periodo como subsecretario de la Segego se solucionaron mil 775 casos y se mantuvieron 330 conflictos agrarios de los cuales 41 se encontraban listos para una resolución legal.

Rodríguez Palacios sostuvo que en esta administración a los conflictos recibidos se agregaron 35, pues muchos de los acuerdos logrados se anularon por inconformidad de alguna de las parte, tal es caso del problema limítrofe que mantienen las comunidades de Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas, que firmaron un convenio de paz en agosto de 1997 y 19 años vuelven a confrontarse.

“Nosotros entregamos a esta administración 335 conflictos, inclusive el de la Nopalera y Zimatlán Lázaro Cárdenas, donde en agosto de 1997 se firmó un acuerdo de paz, logrando la conciliación de las dos partes”, señaló el ex funcionario.

De abril del presente año el conflicto entre estas comunidades ha generado la muerte de tres personas y cientos de heridos.

El pasado 11 de octubre, como parte de los acuerdos alcanzados por las comunidades el 3 de octubre con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, una comitiva de funcionarios acudiría a la zona en disputa para dar seguimiento al caso, sin embargo cuando realizaba la inspección fue interceptada por un grupo que impidió que se realizara la diligencia. El visitador la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Juan Rodríguez Ramos, y dos pobladores de Zimatlán fueron detenidos, al igual que un elemento de la Policía Estatal.

Un mes antes un grupo armado atracó a personas de Zimatlán, informaron autoridades ejidales de esta comunidad, quienes a través de un comunicado acusaron al líder de la organización Comuna Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, de generar un clima de inseguridad. El ex legislador local ha evadido responder públicamente a las acusaciones en su contra.

Enfrentamientos

El pasado 12 de septiembre, la Secretaría General de Gobierno informó de un enfrentamiento ocurrido dos días antes, el cual dejó tres personas lesionadas, una de gravedad, que fueron trasladadas en ambulancia aérea a la capital del estado, donde recibieron atención médica.

Del enfrentamiento surgieron dos versiones. En la primera, dada a conocer a través de un comunicado, el agente municipal de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Hugolino Samuel Jiménez Hernández, denunció que un grupo de 12 personas armadas hirió a tres personas, Rubén Jiménez García, Alberto Bautista Sánchez y Ana Magdalena Sánchez Medina.

Rodríguez Palacios señaló que otro factor que provoca que se reactiven conflictos sociales en estas comunidades es la falta de una política gobernabilidad adecuada. Rodríguez calificó a la actual administración como la peo que ha tenido el estado en esta materia.

“Ninguna administración estatal como la que concluye en 45 días ha generado tanto conflicto agrario ni tantas personas que han perdido la vida en el territorio oaxaqueño, jamás en la historia habían existido tantas confrontaciones y personas que perdieron la vida”, señaló.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), 85% del territorio oaxaqueño es de propiedad ejidal.

De acuerdo con el acta de entrega recepción del gobierno estatal firmada en 2010, la administración anterior entregó a Gabino Cué Monteagudo, 332 conflictos agrarios activos, de los cuales la gran mayoría se encontraban en trabajos conciliatorios.

En este sentido, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) en Oaxaca, Luis Modesto Ponce de León Armenta, señala que su dependencia tiene abiertos mil 266 conflictos, cuatro veces más de los que acepta el gobierno estatal; de estos 12 han sido considerados como focos rojos, el doble de los asumidos por el Gobierno del Estado el pasado 29 de septiembre.

Rodríguez sostiene que el gobierno actual ha generado el mayor número de muertes por conflictos agrarios, pues a diferencia de Ulises Ruiz Ortiz, que registró 128 asesinatos por problemas políticos, la actual administración suma 603.

Asimismo detalló que en el gobierno del ex mandatario Heladio Ramírez López se contabilizaron 97 muertes por problemas agrarios, mientras que en la administración de Diódoro Carrasco Altamirano fueron 87.

En el sexenio de José Murat Casab se contabilizaron 85 muertes por esta causa, a pesar de la emboscada de Agua Fría, donde 31 de mayo del 2002, 26 campesinos de Santiago Xochitepec murieron a manos de un grupo armado.

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