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Chimas, deuda sin resolver

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Chimas, deuda sin resolver (Especial)

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La controversia constitucional que interpuso el Gobierno de Estado de Oaxaca no tuvo frutos en la defensa del territorio zoque que cada vez enfrenta un mayor número de invasiones de Chiapas y Veracruz

PRIMERA PARTE

CARLOS ALBERTO TORRES

En el año de 1867 los habitantes de Chimalapa compraron su territorio a la Corona española y desde entonces los zoques decidieron que parte de su territorio no sería poblado designándolo como área de abundancia natural y espiritual.

Casi un siglo después, el área protegida por los zoques –lengua que en la entidad únicamente hablan los pobladores de Santa María y San Miguel Chimalapa, unidos en el siglo XX en un mismo territorio– la avaricia de empresarios michoacanos encabezados por Rodolfo Sánchez se apropió arbitrariamente de 100 mil hectáreas de las dos comunidades istmeñas argumentando que era territorio nacional.

Por su abundancia se pretendía que la zona fuera una de las áreas más productivas en explotación maderera. La invasión la impulsó el gobierno de Chiapas, utilizando a familias de la etnia tzotzil para generar poblaciones y 25 aserraderos clandestinos. 36 años después tras un proceso agrario y un desalojo violento los zoques recuperaron sus tierras.

En 1990 el territorio fue convertido en una zona protegida. En el año 2006 el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza advirtió que la zona era amenazada por factores como la explotación clandestina irracional, incendios forestales y conflictos agrarios.

En 2011 un conflicto que permanecía pasivo explota con la instalación de núcleos rurales de pobladores chiapanecos en territorio oaxaqueño.

El 16 de enero, los medios de comunicación informaron que el secretario de Gobernación de Chiapas tomó protesta al municipio de Belisario Domínguez, asentado en territorio oaxaqueño, iniciando la disputa de un territorio que era reserva natural.

En junio del 2012, los comuneros haciendo valer el título de propiedad que les otorga una extensión de 594 mil hectáreas, comenzaron la delimitación mediante brecheo de su territorio, lo que provocó un enfrentamiento con los pobladores chiapanecos asentados irregularmente en la entidad.

El coordinador de los Chimalapas, Miguel Ángel García, solicitó a las dependencias del gobierno federal y estatal se brinden protección para concluir el trabajo de delimitación.

El 1 de agosto del mismo año, los representante del municipio de Santa María Chimalapa alertaron a sus vecinos de San Miguel que el abogado José Luis Castro pretendía tomar la defensa legal del territorio. En una misiva al presidente de Bienes Comunales de San Miguel se expuso que el litigante había engañado en anteriores ocasiones a la comunidad.

Ante la negación del gobierno estatal y federal, el 3 de septiembre de 2012, los pobladores zoques instalaron un bloqueo carretero, cancelaron el permiso que otorgó la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para la explotación a pequeños grupos y retiraron las viviendas del municipio chiapaneco.

Un mes después los pobladores de Santa María reafirmaron el desconocimiento de su ex presidente municipal, Raymundo Zárate Zárate, acusado de acordar la aceptación del municipio de Belisario Domínguez, cuya defensa fue promovida por los diputados de la LXI legislatura, Elías Cortés y Francisco García.

El 19 de noviembre los integrantes de la comisión comunal de Santa María informaron a la Contraloría del estado que existía un faltante de 20 millones de pesos en las arcas de este municipio. Asimismo los comuneros denunciaron que la legislatura local obstaculizaba la discusión en el pleno del conflicto social, por lo que los pobladores advirtieron con generar protestas si no se daba respuesta a su demanda de desalojo del predio.

El primero de diciembre del mismo año, en el informe de gobierno de Juan Sabines Guerrero, el titular de la Secretaría General de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón, informó que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había desechado una demanda del estado de Oaxaca, ratificando la validez del acto de creación del municipio.

Sin embargo el 3 de diciembre los medios de comunicación anunciaron que el Gobierno del Estado de Oaxaca inició una controversia contra la invasión de Chiapas.

El primer logro en esta lucha se presentó el 2013, el 15 de enero, cuando los comuneros lograron la expulsión de la empresa Pronatura Sur que desde el año 2010 realizaba trabajos con el núcleo agrario de la Cristalina.

Dos meses después, los comuneros de Chimalapas denunciaron que se corría el riesgo de que las elecciones a presidente municipal fueran afectadas por personas afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que realizaron compra de votos, afectando los usos y costumbres de esta comunidad. Un mes más tarde, el pueblo zoque informó que no se realizarían las elecciones hasta que las personas vinculadas con el PRI se retiraran.

La tala clandestina no fue el único factor que lastimó este territorio. El 30 de marzo de 2013 un grupo de especialistas denunció la propagación de un incendio forestal en la zona, el cual afectó siete mil 803 hectáreas y presuntamente fue provocado por habitantes de Belisario Domínguez. Por este hecho se inició una denuncia en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En el mes de abril, la Segego dio a conocer que Chiapas aceptó la existencia de tres líneas limítrofes correspondientes a la Barra de Tonalá, El Chilillo y el Cerro de La Jineta, quedando pendiente el Cerro de los Mixes, el cual continuó en disputa.

Un mes después, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh) declaró nulas las elecciones del comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapa, acusando que existieron diversas irregulares para la elección de las autoridades ejidales.

De igual forma en ese mismo mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los argumentos presentados por el estado de Chiapas en la controversia por el caso Chimalapas.

En junio de ese mismo año, el gobierno chiapaneco denunció la retención por parte de comuneros de los Chimalapas de 16 personas que se internaron en el paraje Agua Fría.

Sin embargo esta es una de las muchas retenciones que se han dado en este conflicto social que será heredado a la siguiente administración.

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