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Comuna y Antorcha Campesina, entre las organizaciones que retrasan la paz agraria

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Comuna y Antorcha Campesina, entre las organizaciones que retrasan la paz agraria (Especial)

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La organización liderada por el ex diputado local Flavio Sosa ha impedido que se firmen acuerdos de paz en diversas comunidades

CARLOS ALBERTO TORRES

Oaxaca mantiene 364 conflictos agrarios de los cuales seis han sido señalados por el Gobierno del Estado como prioritarios por su grado de complejidad. Algunas de las comunidades involucradas son respaldadas por organizaciones sociales que lejos de abonar a encontrar una solución han hecho que los acuerdos de paz se retrasen.

De acuerdo con un comunicado emitido el 29 de septiembre por el Gobierno del Estado, se señala a 12 comunidades que mantienen conflictos agrarios graves: Santiago Amoltepec y San Mateo Yucutindoó; San Juan Quiahije y San José Ixtapa; San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas; Santiago Amoltepec y Santa Cruz Zenzontepec; Santa María del Mar y San Mateo del Mar, así como la zona de los Chimalapas y núcleos rurales asentados irregularmente en territorio oaxaqueño.

De estos seis problemas ejidales, en cuatro se registra la participación de la organización Comuna Oaxaca, liderada por el ex diputado del Partido del Trabajo, Flavio Sosa Villavicencio, y el ex integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), César Mateos Benítez, ambos militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En diversas oportunidades funcionarios han señalado a estos dirigentes por evitar que estos conflictos se solucionen, defendiendo intereses personales. En el caso de Santiago Amoltepec y San Mateo Yucutindoó, el 7 de enero pasado el presidente municipal Máximo Girón Hernández acusó al ex vocero de la APPO de poner en riesgo el acuerdo de paz logrado. Meses después el convenio se rompió reviviendo el conflicto social.

En esa misma fecha Girón Hernández señaló a Sosa por haber dividido a los pobladores de San Pedro Huilotepec, al igual que en la comunidad de San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas, conflicto social que se encuentra también entre los seis prioritarios para la Secretaria General de Gobierno (Segego), ya que ha dejado la muerte de al menos cinco personas.

En esta comunidad, Sosa Villavicencio ha sido acusado por crear grupos paramilitares.

El 13 de octubre pasado Sosa exigió la restauración del diálogo en estas comunidades. El dirigente de Comuna evitó responder a los señalamientos en su contra por parte de comuneros.

En Santiago Amoltepec y Santa Cruz Zenzontepec, así como en Santa María del Mar y San Mateo del Mar, Comuna también ha intentado retrasar los acuerdos de paz.

Otro conflicto en donde se ha retrasado el acuerdo de paz es el de las comunidades de Santiago Amoltepec y San Mateo Yucuntindoó, donde interviene además de Comuna Oaxaca la organización Antorcha Campesina.

En otro problema agrario, el de San Juan Quiahije y San José Ixtapa, el Frente Campesino Indígena Popular Emiliano Zapata y el Frente Popular Revolucionario acusaron el 3 de agosto del 2014 a pobladores de la agencia de Quiahije de merodear un predio en disputa.

Un conflicto que se mantiene vigente desde el inicio de la actual administración estatal en el que no se han presentado organizaciones sociales inmiscuidas, es el que se vive en la zona de Santa María y San Miguel Chimalapa, donde comuneros en repetidas ocasiones han acusado al consejero jurídico del Gobierno del Estado, Víctor Alejo Torres, de omisión.

Aunque el tribunal federal falló a favor de los zoques, algunos de los núcleos rurales chiapanecos que se instalaron en estas comunidades aún siguen presentes, por lo que se mantiene pendiente un segundo desalojo.

En entrevistas previas el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Jorge Alberto Ruiz señaló que este desalojo en dos predios no se ha podido ejecutar gracias a que la Procuraduría General de la República ha postergado el operativo.

Sin embargo, los comuneros han señalado que Alejo Torres no ha ayudado para solucionar el problema.

Solo siete conflictos agrarios fueron solucionados por esta administración, dejando activos 104 de mediano y 228 de bajo riesgo.

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