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El Estado usó toda su maquinaría contra los 25 detenidos del FPR

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El Estado usó toda su maquinaría contra los 25 detenidos del FPR (Especial)

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Tortura por parte de policías federales y militares, amenazas de desaparecerlos, entorpecimiento del juicio, “desaparición” de pruebas, la omisión de la CNDH, el gobierno mexicano violó incontables veces la ley para dejar en la cárcel a 25 hombres

ANTONIO TRUJILLO

Los 25 integrantes del Frente Popular Revolucionario detenidos el 7 de junio de 2015 durante la elección de diputados federales fueron torturados física y psicológicamente por policías federales, marines y militares, acusó la coordinadora política de la Corriente del Pueblo Sol Rojo, Irma López, esposa de Javier Aluz, uno de los detenidos.

De acuerdo con la denuncia pública, 17 de los detenidos fueron torturados desde su detención hasta noviembre de 2015.

López aseguró que durante la detención los 25 hombres fueron golpeados por los policías, que los amenazaron con desaparecerlos; asimismo, fueron trasladados sin órdenes legales a diversas cárceles de la República, “los aislaron en una habitación oscura, los golpearon y los policías federales le dicen (a Javier Aluz), que tiene que decir que todo es parte de una guerrilla social del magisterio”.

La integrante de Corriente del Pueblo Sol Rojo indicó que mientras era trasladado en avión a la prisión federal de Nayarit, Javier Aluz fue esposado y colgado de un tubo. “En el interrogatorio, la Marina y el Ejército trataron de obligarlo a aceptar información que los compañeros desconocen”.

“Hasta el momento hay compañeros que tienen secuelas de torturas, no duermen, tienen pesadillas, dolencias físicas y afectaciones de salud, porque los golpeaban con sillas, brincaban sobre ellos en sus rodillas y los amontonaban, uno encima de otro, así los 25”, relató.

A partir del 17 de junio y hasta noviembre de 2015, 17 de los 25 los detenidos sufrieron tortura. Los otros ocho hombres arrestados fueron torturados hasta marzo de 2016, cuando los trasladaron al penal de mediana seguridad de Mengolí, Miahuatlán.

Posteriormente, cuando los trasladaron al Centro de Rehabilitación Social (Cereso) 2 de Etla fueron atendidos por un médico que les dio pastillas para el dolor.

La detención

López expresó que los 25 hombres fueron detenidos arbitrariamente, toda vez que no existía una orden de aprensión en su contra, “fueron sometidos a tortura, golpes y maltrato psicológico, los llevaron de forma ilegal a cárceles de los estados de Veracruz y Nayarit”.

Fueron acusados de portar bombas molotov, explosivos y de causar terrorismo, sin embargo, a pocos meses de haber sido encarcelados, el Ministerio Público de Oaxaca destruyó las “supuestas pruebas” que tenían para acusarlos.

Los policías viales que los detuvieron aseguraron que en mochilas, los 25 detenidos tenían bombas molotov, “pero no estaban haciendo nada, se dirigían a su comunidad, hay un video del C4 que muestra que los compañeros cuando los bajan no tienen nada”.

Acusó que las autoridades del C4 no quisieron dar a los familiares una copia de los videos en los que se les observa portando mochilas con bombas molotov.

López subrayó que la ley estipula que si a las 72 horas de la detención no se manifiesta la situación jurídica del acusado, éste debe ser liberado, “sin embargo no los soltaron y los tienen aún en la cárcel, sin condiciones de salubridad ni de seguridad”.

El juez tercero de distrito, Amado Chiñas Fuentes, para entorpecer el juicio desestimó todas las pruebas con las que se acusa a los 25 detenidos de portar bombas caseras, “el juez, dijo que las pruebas no podían presentarse a los familiares porque habían desaparecido, que no valían, los peritajes han sido impedidos, han entorpecido el trabajo de los abogados de la defensa, han tratado de llevar lo más lento que se puede este juicio, han desestimado careos, han suspendido audiencias y han tratado que las pocas audiencias se retrasen”.

“Seguiremos exigiendo la libertad de nuestros compañeros porque no hay delito que perseguir, no hay pruebas, no hay nada”, agregó.

“Máxima

peligrosidad”

Un estudio que hicieron autoridades estatales de la Fiscalía para trasladar a los 25 detenidos de los penales de Nayarit y Veracruz a Oaxaca se estimó que eran reos de “máxima peligrosidad, cuando sólo somos luchadores sociales, que defienden a la gente pobre, pedimos vivienda digna, trabajo digno, por eso el Estado pone su maquinaría en contra de los pobres, algunos son cargadores de la Central”.

Incompetencia

de la CNDH

Asimismo, la líder de Corriente Rojo aseguró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se negó a revisar el caso, toda vez que los detenidos no presentaban huellas ni marcas de golpes, “cuando llevaban morado por todas partes el cuerpo”, precisó Irma López.

La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca negó también el apoyo argumentando que era un caso de competencia federal.

Por el contrario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió al gobierno mexicano dejar en libertad a los 25 detenidos, por carecer de pruebas básicas para sentenciarlos y haber violado sus derechos humanos.

López expuso que la situación de los familiares de los detenidos “ha sido muy difícil, porque el 90% de las esposas de los detenidos no cuenta con sueldo ni trabajo formal, siendo sus esposos el único sustento de sus hijos, siete de las esposas estábamos embarazadas cuando los detuvieron”.

“Exigimos al gobierno mexicano que actúe conforme a la ley y la justicia, para que los derechos de los detenidos se respeten y puedan obtener su libertad”.

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