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¿No le perdonarán a nadie irregularidades en el manejo del erario?

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¿No le perdonarán a nadie irregularidades en el manejo del erario? (Especial)

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Rosy RAMALES

El jueves pasado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adolfo Toledo Infanzón, presentó una iniciativa de reformas a la Constitución Política particular y a la Ley de Fiscalización Superior local, en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Es una iniciativa trascendente; no una más como suelen presentar diputados y diputadas de distintas filiaciones políticas, y que solamente sirven para dos cosas: Para presumir “productividad” y para engrosar el rezago legislativo.

La iniciativa presenta por el diputado de la fracción parlamentaria del PRI, tiende, según parece, a hacer más corresponsables a los servidores públicos del gabinete estatal del quebranto al erario, y al final de cuentas no solamente el gobernador sea el único o el más responsable.

Aunque siendo el titular de la administración pública, debería ser el más responsable; incluso, por hacerse de la vista gorda cuando sus funcionarios pellizcan o atracan el erario vayan o no a “michas”. Sin embargo, ciertamente hay servidores públicos que en poco tiempo cambian su coche viejo y destartalado por un carro de súper lujo, y en el mejor de los casos hasta compran avión.

En Oaxaca ha habido un caso muy sonado, el de el ex Secretario de Salud de la actual administración estatal, Germán Tenorio Vasconcelos. Y hasta donde se sabe, la Auditoría Superior de la Federación investiga partidas destinadas a rubros en salud donde hay observaciones de faltantes, que pueden ser subsanadas o no; dependerá de si se trata de errores o todo lo contrario.

Y cuando un servidor público, que viene de la nada, de pronto posee gasolineras, restaurantes, casas, edificios, autos, etc., y además ha cambiado las camisas de terlenka, por finas camisas de lino y de seda de marcas prestigiadas y caras, entonces algo está pasando.

¿A poco el gobernador no se da cuenta de que su colaborador tiene avión, juega en la bolsa de valores, tiene cuentas bancarias en el extranjero en dólares, posee bienes muebles e inmuebles, y refinó su estilo de vestir? Todo de la noche a la mañana.

En fin, la intención de la iniciativa de ley parece buena. Y suponemos que una vez aprobadas las normas secundarias de las leyes del Sistema Anticorrupción, y Oaxaca armonice su propia normatividad, todo será un engranaje para combatir ese mal. Cuando menos así pinta teóricamente, ya se verá en la marcha.

La iniciativa en comento empieza reformando dos párrafos relativos a la primera atribución de la Auditoría Superior del Estado, donde alude a los entes fiscalizables: Poderes del Estado y Municipios, entes públicos estatales y municipales, organismos públicos autónomos y particulares que manejen recursos públicos…

Y en una reforma a la cuarta atribución, se propone promover procedimientos de responsabilidad en casos de existir elementos de “presunción” de violaciones a la ley; ¡presunción!, sería la adición. O sea, ¿ahora se procedería en cuanto la investigación arroje haber situaciones distintas a la norma en cuanto al manejo, aplicación y custodia de los recursos públicos?

La copia en nuestro poder de la referida iniciativa de ley tiene partes ilegibles; conseguiremos otra. Pero en la parte legible hay propuestas interesantes. Por ejemplo, establecer, en la Ley de Fiscalización Superior local, tres años como plazo de prescripción de las facultades de la Auditoria Superior del Estado para fincar responsabilidades e imponer sanciones.

Actualmente el plazo varía según la falta o el delito, pero no debe ser menor de tres años.

No obstante las bondades que pueda tener la iniciativa de reformas a normas en materia de responsabilidades de los servidores públicos, hay propuestas que asaltan la duda. Por ejemplo, unas relativas a las prohibiciones del mandatario estatal establecidas en el artículo 81 de la Constitución Política particular:

Establece:

“Artículo 81.- El Gobernador no deberá:

“VII.- Distraer las rentas públicas del Estado de los objetos a que estén destinadas por las leyes;

“VIII.- Disponer en ningún caso y bajo ningún pretexto de las rentas municipales;”

Se propone quedar como sigue:

“Artículo 81.- El Gobernador no deberá:

“VII.- Ordenar de manera dolosa la distracción de las rentas públicas del Estado de los objetos a que estén destinadas por las leyes;

“VIII.- Ordenar disponer de manera dolosa de las rentas municipales;”

Mmm. La disposición vigente y la propuesta son imperativas. Sin embargo, la norma actual se refiere a que el gobernador no deberá, él, distraer las rentas públicas y disponer de las rentas municipales para nada y por nada; él y solo él.

Y en la reforma se plantea que el gobernador no deberá, en ambos casos, “ordenar”… distraer o disponer… “de manera dolosa”. Según se entiende, en la reforma la prohibición ya no sería para él directamente, sino sería nada más prohibirle que ordene a otro que distraiga o disponga de las rentas.

Imagínense a un gobernador mirándose al espejo y diciéndose así mismo: “Te ordeno disponer del presupuesto para ‘X’ obra, para jugarlo en la bolsa de valores”. “Te ordeno agarrar de los ingresos municipales para completar para celebrar la Guelaguetza”. O imagíneselo, diciendo: “Yo no dispuse o distraje el recurso, fue mi Secretario “Y”.

La propuesta de reforma agrega el elemento “dolo”, difícil de probar. Pellizcar, atracar o desviar el erario es una conducta dolosa, porque el servidor público sabe de la ilicitud y, sin embargo, la realiza. Ni modo que el gobernador diga: “Uy, por un error invertí el presupuesto para la presa, en la pavimentación de calles”. O el director del Instituto de Educación Pública, diga: “Caray, no tuve cuidado y no sé como apareció el dinero para útiles escolares en mi cuenta personal”.

En fin, ciertamente en ocasiones uno, dos o más funcionarios del gabinete de un gobernador distraen o disponen recursos públicos, sin que sea responsabilidad directa del gobernador. Sin embargo, sería mejor dejar la disposición constitucional vigente, y añadirle parte de la propuesta. Por ejemplo:

 

“Artículo 81.- El Gobernador no deberá:

“VII.- Distraer las rentas públicas del Estado de los objetos a que estén destinadas por las leyes; ni ordenar de manera dolosa la distracción de dichas rentas.

“VIII.- Disponer en ningún caso y bajo ningún pretexto de las rentas municipales; ni ordenar disponer de manera dolosa de éstas.

Se prevendría que tanto el gobernador como sus subordinados distraigan y/o dispongan del erario.

Hay un planteamiento más de reforma al artículo 38 de Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, que puede dar pie a politizar más el proceder penalmente en contra de determinados funcionarios.

La disposición vigente establece:

“Artículo 38.- Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos, deberán presentarse por parte de la Auditoría cuando se cuente con los elementos suficientes que establezca la Ley.”

Se plantea refórmalo de la siguiente manera:

“Artículo 38.- Para proceder penalmente en contra de los funcionarios de elección popular y de los previstos por el artículo 118 de la Constitución Política, que se encuentren en funciones o hayan dejado de fungir como tales, por delitos cometidos con motivo de su encargo, se requerirá querella del Auditor Superior del Estado, previa autorización de la Junta de Coordinación Política.

No es un simple juego de palabras. La querella permitiría otorgar el perdón. Y si la Junta de Coordinación Política debe autorizar a la Auditoría Superior para presentar la querella, pues el asunto de torna político y nunca autorizará, o se prestará a negociaciones.

Preguntemos: ¿Las reformas planteadas en la iniciativa de ley en comento, ¿serían para aplicarse a los servidores públicos de la administración pública saliente, encabezada por Gabino Cué Monteagudo? ¿O También para aplicarse a los de la próxima administración, que presidirá Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a partir del primero de diciembre de este año?

Para ambas. El Decreto respectivo, de aprobarse, entraría en vigor al día siguiente de su publicación, y aunque no se precisa fecha en el texto de la iniciativa, se prevé sea lo antes posible.

Mmm. ¿Cuál será la lógica la reforma planteada al artículo 38 de Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca?

Lean lo siguiente como si se tratara de un acertijo:

Actualmente la titularidad de la Auditoría Superior del Estado la tiene el PRD; el Auditor, Carlos Altamirano Toledo, es tío del actual diputado local electo Carol Antonio Altamirano, quien en el convenio de la coalición de partidos quedó registrado por el PAN, pero integrará la bancada perredista (ya lo declaró públicamente) pues milita en el partido del “Sol Azteca”.

Carol busca ser el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, cargo que le permitiría formar parte de la Junta de Coordinación Política.

Dicha Junta la presidirá el PRI en el primer año de ejercicio de la próxima Legislatura, a instalarse el 13 de noviembre. Y el segundo año, la presidiría Morena, salvo ocurra cualquiera de las tres cosas: Por resolución jurisdiccional le tiren un diputado, por lo mismo empate con el PRD en cuanto a número de diputados, o porque el Congreso en funciones reforme la Ley Orgánica del Poder Legislativo y cambien las reglas del juego.

(La Legislatura entrante solamente será de dos años para empatar las elecciones locales de diputados con las federales del 2018.)

Si por alguna razón, la fracción parlamentaria del PRD consiguiera presidir la Junta de Coordinación Política en la persona de Carol Antonio en el segundo año de la Legislatura, ¿actuaría en contra de quienes fueron funcionarios del gobierno de coalición fáctica de la cual él formó parte?

Claro, hasta el momento solo habría tres fracciones parlamentarías en la próxima Legislatura: PRI, Morena y PRD; y solamente los tres integrarían la Junta de Coordinación Política. ¿Morena actuaría en contra del PRD y de los funcionarios del saliente gobierno de coalición?  Mmm, el líder morenista en Oaxaca, Salomón Jara Cruz, fungió como Secretario de Desarrollo Agropecuario y, aunque él lo niega, lo han acusado de ciertas irregularidades administrativas.

Hasta ahí el acertijo, y pregunta: ¿Creen que haya servidores públicos gabinistas como candidatos a ser sancionados bajo las reformas, en caso de ser aprobadas? ¿Sería sancionado el mismo Gabino Cué o las reformas lo salvarían? Claro, en lo relativo al ámbito local.

Por otra parte, pero en relación al mismo tema, cuentan que el próximo Gobernador de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, no meterá las manos para defender a ningún servidor público de la administración saliente, y tampoco de su propia administración.

¿Será? Quizá. ¿O lanzó una moneda el aire? Verán: La próxima Legislatura, decíamos, será de dos años y para renovar el Congreso oaxaqueño habrá elecciones en el 2018. ¿Qué pasaría si Morena gana la mayoría de las diputaciones locales? Tendría el control, no solo del poder Legislativo, sino de las mismas querellas a presentar por la Auditoría Superior del Estado, considerando que ésta necesitaría de la autorización previa de la Junta de Coordinación Política.

Por cierto,  falta saber si los diputados entrantes están en el ánimo de cambiar al actual auditor, que fue electo para siete años; sin embargo, siempre cabe la posibilidad de que presente su renuncia a la buena.

 

 

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