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Nochixtlán sigue sin justicia

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Nochixtlán sigue sin justicia (Especial)

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Tres meses han pasado desde el fallido desalojo que las policías Federal y Estatal intentaron en la comunidad Mixteca y que causó la muerte de ocho personas

CARLOS ALBERTO TORRES

El viento sopla en los pastizales mixtecos al lado de la súper carretera Oaxaca-Tehuacán, el mural bajo del puente de la libre sigue exigiendo justicia por las ocho muertes ocurridas tras el desalojo fallido de Nochixtlán el pasado 19 de junio.

Tres meses han pasado desde aquel enfrentamiento en el que simpatizantes de la Sección 22 defendieron el bloqueo. En la calles de la población aún se siente la ausencia de los caídos, el palacio municipal calcinado recuerda la impotencia de los pobladores al ver que más de 180 personas resultaron heridas y que integran ahora la lista de víctimas.

La exigencia sigue siendo la misma, justicia a los caídos y reparación del daño, así como la derogación de la reforma educativa.

En la entrada de la población, aún quedan los restos de vehículos quemados, utilizados el 19 de junio como un escudo contra las balas de las cuales los dos bandos, los manifestantes y las policías Federal y Estatal, aún se deslindan.

Como cada día en el lugar del enfrentamiento se instala el bloqueo carretero, los familiares de las víctimas son los encargados de revivirlo, han pasado 90 días en los cuales se han entablado cinco mesas de diálogo con el gobierno federal; tres con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y dos con la Procuraduría General de la República, los avances siguen siendo nulos.

“Hasta este momento no hay avances, han sido puras promesas, el 29 de agosto tuvimos una reunión con la procuradora Areli Gómez, donde se agendó una mesa de trabajo con el subprocurador, Gilberto Higuera Bernal, y con el licenciado Jorge Nader Kuri, pero hasta este momento no se ha realizado”, informó la presidenta del Comité de Víctimas Justicia y Verdad 19 de junio, Nochixtlán, Juana Ramón Solís.

De acuerdo con el representante de la Sección 22 en la Mixteca, Honorino López Pacheco, las mesas de trabajo que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se dividen en tres rubros, política, educativa y social, siendo esta última donde se trata la exigencia de justicia en Nochixtlán.

Ramos Solís comentó que hasta ahora no se ha cumplido ninguna de las promesas que realizó el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, durante su primera visita al estado el pasado 7 de julio.

Campa se comprometió a que los afectados por este enfrentamiento recibirían atención médica especializada, lo cual se logró hasta el 25 de julio, cuando 106 personas afectadas viajaron a la capital del país para ser atendidas en hospitales de primer nivel.

Román Solís negó no obstante que la atención médica recibida fuera la prometida, pues siguieron siendo tratamientos no especializados.

Al término del encuentro el funcionario federal aseguró que uno de los acuerdos logrados con pobladores y víctimas fue que se instauraría una fiscalía especializada para el caso, pues los pobladores desconfían de las indagatorias que realiza la PGR.

Honorino López sostuvo que en la última reunión la procuradora general de la República descartó que el caso amerite la creación de una fiscalía especial, por lo que sería el director de averiguaciones previas de la dependencia, Jorge Nader Kuri, quien realizara la investigación.

Ante esta decisión, el Comité de Víctimas se pronunció en contra pues temen que la investigación sea realizada de modo y parcial para ocultar la responsabilidad del gobierno.

Dos días antes de la visita de Campa a Oaxaca, un grupo de senadores y diputados instalaron una comisión de seguimiento del caso para analizar a detalle los hechos.

La comisión fue presidida por la diputada federal del Partido Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo, y la integraron entre otros legisladores el senador Ismael Hernández, del PRI, y la diputada federal Mariana Benítez Tiburcio, originara de Oaxaca.

Este grupo de legisladores realizó un informe para el cual se logró la comparecencia de funcionarios implicados en el caso, como el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo de Jesús Peimbert Calvo, quien aseguró tener una lista de más de 180 personas agredidas y que por petición de las víctimas no podía dar a conocer.

Durante la elaboración del documento compareció el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dependiente de Gobernación, Jaime Rochín del Rincón, quien se comprometió a reparar el daño siempre y cuando se tuviera el nombre las víctimas del enfrentamiento. Fue hasta el 26 de julio cuando una parte de los gastos médicos realizados por las víctimas fue cubierto; los recursos entregados solo sirvieron para cubrir gastos de traslados, hospedajes y las primeras atenciones médicas.

Asimismo en la comparecencia del ombudsman oaxaqueño se informó que la atención médica fue negada por los médicos de la localidad y condicionada para los militares, acusación que fue desmentida por el encargado de despacho de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Héctor González Hernández.

“Nosotros desde las 8:25 de la mañana comenzamos a atender a los heridos, por lo tanto es mentira lo que dijo Peimbert Calvo”, sostuvo González Hernández, quien descartó que se negara la atención a la ciudadanía, de igual forma informó que su dependencia tuvo en su poder una lista con más de 150 nombres, la cual fue puesta a disposición de las autoridades.

“Cuando les dimos la atención a los heridos ese día no se distinguió si eran policías o civiles, las normas internacionales de salud no nos permiten eso, y si conforme fueron llegando se registraron con su nombre, bajo confidencialidad si ellos lo pedían, pero muchos en ese momento no lo pidieron”.

El 22 de julio pasado Roberto Campa volvió a Oaxaca para reunirse durante poco más de seis horas con familiares de las víctimas e integrantes de la Sección 22. Al encuentro también acudió el defensor de los derechos humanos quien se negó a dar declaraciones sobre el encuentro que mantuvieron representantes de organizaciones sociales afines al Movimiento de Regeneración Nacional con el alto Comisionado de las Organización de las Naciones Unidas.

El 29 de agosto una de las exigencias de los pobladores fue cumplida cuando el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, fue separado del cargo dejando en su lugar al comisionado de la Gendarmería, Manelich Castilla.

“La separación de Galindo fue un premio, lo que nosotros exigimos es que esté en la cárcel, no que lo quiten y lo pongan en otro lado”, expresó Juana Román.

Desde la segunda reunión de Campa y los familiares de las Víctimas, el titular de la DDHPO se ha negado a dar entrevistas. Sin la presencia de Peimbert, el 30 de agosto, el coordinador general de Defensorías, Juan Rodríguez Ramos, dio a conocer los avances de la investigación que se negó a entregar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando esta instancia tomó el caso.

En el quiosco del pueblo sigue la lona colocada por las autoridades municipales; el lugar se ha vuelto la sede de los mítines de la Sección 22. La escuela Abraham Castellanos se ha vuelto a llenar de alumnos que aprenden con un calendario alterno. El plantel ha funcionado como albergue para la atención médica de las víctimas del enfrentamiento, ahí se reunieron pobladores con Campa o y la Sección 22 realizó el inicio del ciclo escolar 2016-2017.

Son las tres de la tarde, horario de la resistencia, en el crucero del enfrentamiento los pocos profesores de la Mixteca que aún se unen a los familiares de las víctimas se preparan para salir en marcha y recordar a los ocho caídos que a tres meses del enfrentamiento siguen sin recibir justicia.

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