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Renuncia comisionada de la CEAV y acusa a Campa de faltarle a su “dignidad”

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Renuncia comisionada de la CEAV y acusa a Campa de faltarle a su “dignidad” (Especial)

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Ciudad de México.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), continuará sin problemas la reparación integral de las víctimas, afirmó en un comunicado emitido este medio día dicho organismo, ello a raíz de que horas antes la comisionada Susana Thalía Pedroza de la Llave, a través de su cuenta de Twitter renunció a su cargo debido a que el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, le faltó a su “dignidad”.

La comisionada Pedroza de la Llave dirigió su renuncia al presidente Enrique Peña Nieto con carácter de irrevocable.

También la envió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y a algunos senadores.

La ahora excomisionada, aseguró que el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, y dos senadoras, de las que no dio el nombre, le faltaron a su dignidad.

Además afirmó “No puedo ser cómplice de un perverso juego de estar modificando leyes”.

Por tal motivo, el presidente de la CEAV, Julio Hernández Barros, y el comisionado Adrián Franco Zevada, en un comunicado indicaron que respetan la decisión personal, voluntaria y autónoma que tomó la comisionada Susana Thalía Pedroza de la Llave, de renunciar al cargo.

También indicaron que el Pleno de la CEAV lamenta profundamente –la renuncia- puesto que sus contribuciones han sido fundamentales desde la creación del organismo.

Recordaron que desde el 9 de enero de 2013, como resultado de un profundo debate llevado al seno del Poder Legislativo en el que participaron legisladoras y legisladores de distintos partidos políticos, víctimas, miembros de la academia y agrupaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas.

Esta nueva Ley, dio origen a la CEAV como órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual fue concebido, de conformidad con el artículo 25 de su Reglamento General, como órgano descentralizado y no sectorizado.

Explicaron que la Ley General de Víctimas vigente precisa, en su artículo 84, que la CEAV cuenta con “personalidad jurídica y patrimonio propio”, y que “gozará de autonomía técnica y de gestión”, por lo que queda incluida en el supuesto previsto en el artículo 5 de la Ley Federal de la Entidades Paraestatales.

Por tanto, aseguraron que la salida de la comisionada Pedroza de la Llave no afecta el buen desempeño ni la operatividad en las labores de la CEAV, por la naturaleza jurídica por la que fue creada.

Destacan que la CEAV no depende directamente de alguna Secretaría de la Administración Pública Federal.

Sin embargo, indicó que mantiene una estrecha coordinación con diversas dependencias del gobierno federal, entre las que destacan las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como la de Desarrollo Social, entre muchas otras.

Por lo tanto, reiteran que la salida de Pedroza de la Llave no afecta la legitimidad de la Comisión ni la Ley General de Víctimas vigente, compuesta por 180 artículos y varios artículos transitorios, permite la funcionalidad y operatividad del pleno aún con dos comisionados.

De manera clara, en el comunicado, ni Hernández Barros ni Franco Zevada hacen alusión a la acusación de la comisionada Pedroza, quien en el tweet tanto el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, como dos senadoras –de quien no dio su nombre- le faltaron en su “dignidad”.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, rechazó las acusaciones que hizo en su contra la excomisionada.

Entrevistado brevemente antes de que iniciara el quinto Foro Nacional Sumemos Causas, el funcionario del gobierno federal insistió en que las modificaciones a la Ley General de Víctimas fueron aprobadas por el Legislativo.

Susana Pedroza, quien hasta ayer fuera integrante de la CEAV, acusó a Campa de mantener el control del organismo y de influir en el manejo de los recursos para la atención de víctimas del delito.

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